Si el dueño de un perro deja los excrementos de su mascota en la calle, un parque, un jardín o cualquier otro sitio público, el Estado podría imponerle una multa de hasta ¢848.400, o sea, dos salarios base.
Así lo propone el proyecto de Ley de Bienestar Animal que se discute en la Asamblea Legislativa y que este jueves avanzó hacia el plenario, para su trámite final.
De acuerdo con el texto sustitutivo aprobado en la Comisión de Ambiente del Congreso, se impondrá la multa a quien no recoja los "desechos fecales arrojados en aceras, parques, calles, jardines públicos, playas y demás".
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Ese mismo castigo se aplicaría a los dueños de mascotas que no les garanticen condiciones vitales básicas ni espacios con las condiciones higiénicas apropiadas.
La multa también cubriría a quienes críen o adiestren animales para pelear, así como a las personas que experimenten con los animales en contra de las disposiciones ya establecidas en el capítulo III de la Ley de Bienestar Animal vigente.
Deberes.
El diputado Ronny Monge, del Partido Liberación Nacional (PLN), explicó que es hora de que la gente entienda que a la par del derecho de tener una mascota, va de la mano una responsabilidad social.
"Esto es para buscar la armonía social y que los parques y jardines no estén llenos de desechos fecales de las mascotas", aseveró el verdiblanco.
Añadió que, a diferencia de lo que considera el legislador Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), se busca asegurar que el animal tenga las condiciones necesarias en el lugar donde habite.
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La multa también sancionará a quien capture animales silvestres para fines diferentes a los de educación o ciencia; a quienes sacrifiquen inadecuadamente a los animales empleados para el consumo humano o a quien les suministre drogas o medicamentos inadecuados.
El diputado Monge aseguró que no hubo obstáculos para establecer las sanciones económicas por dichas conductas, como sí sucedió cuando se discutieron las penas de cárcel.
La iniciativa, por ejemplo, propone castigar con una pena de seis meses a dos años de prisión a quien promueva u organice peleas de animales, o los haga participar en actos sexuales con humanos.
Mientras, el castigo sería de seis meses a tres años de cárcel si una persona maltrata tanto a un animal, hasta el punto de que este muera.
"Estas penas de cárcel nos llevan a algo real, porque la gente sabe que está cometiendo maltrato animal y prefieren pagar las multas que ir a la cárcel por sus acciones", dijo Monge.
De hecho, la Alianza Nacional Agrícola envió un documento, este miércoles, al Congreso para solicitar que se eliminen las penas de prisión del plan.
La carta fue firmada por los jerarcas de la Cámara Nacional de la Agricultura y la Agroindustria (CNAA), Juan Rafael Lizano; el de la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional), Guido Vargas; el de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (Upiav), Luis Román, y el del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), Jesús Villalobos.
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Al respecto, la legisladora Marcela Guerrero, del PAC, explicó que se busca sancionar y también penalizar el maltrato porque es una conducta violenta, expresada de un humano hacia otro ser vivo que no tiene la posibilidad de defenderse.
"De ahí la tutela. Hay un ser violentado, que no puede ejercer defensa propia. La sociedad demanda que esa conducta sea erradicada, la forma de erradicarlo es través de sanciones y penalización de esas conductas", enfatizó.
A plenario.
Luego de gestionar todas las mociones del proyecto de ley, el expediente legislativo pasará al plenario, para su discusión en dos debates.
Antes de ello, deberá darse un acuerdo de, al menos, 38 legisladores para adelantar la iniciativa al primer lugar de la agenda y luego poder someterlo a votación.
La iniciativa enfrenta algunos cuestionamientos. El diputado libertario Otto Guevara, por ejemplo, trata de que se exceptúe de las penas de cárcel a las "actividades tradicionales que incluyan animales". Sin embargo, otros sectores del Congreso consideran que eso abriría un portillo para permitir las peleas de gallos.
Además, el oficialista Ottón Solís anunció que votará en contra de la iniciativa si esta llega a tipificar como maltrato animal prácticas tales como cortarles los cachos a los toros, castrar a los bueyes, forzarlos a trabajos fuertes y marcarlos, así como usar espuelas en los caballos.